La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) alertó de que, producto del COVID-19, un 43% de los hogares han reportado una “imposibilidad de trabajar o una reducción de ingresos”.  

De un 30% de hogares que pedían dinero a familiares, se pasó a un 35%. Esto motivado a que 7 de cada 10 hogares han reportado que los alimentos son muy caros.

Este informe representa una agudización de lo que ya advertía el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (WFP por sus siglas en inglés) en febrero de este año, cuando decía que uno de cada tres venezolanos se encuentra en condición de inseguridad alimentaria.

En cuanto a aquellas personas que se encuentran en una situación de inseguridad alimentaria severa, la agencia de la ONU reporta que en aquel momento eran 2,3 millones de personas, o el 7,9% de la población.

El programa galardonado recientemente con el Premio Nobel de la Paz también reporta que 6 de cada 10 personas tienen que hacer un sacrificio en activos y perjudicar algún aspecto de su calidad de vida para poder acceder a alimentos.

La forma que tienen los hogares para hacer frente a las dificultades para acceder a los alimentos es a través de una reducción en la variedad y calidad de la dieta, así como también a través de porciones cada vez más pequeñas.

En cuanto a la disponibilidad de los alimentos, 7 de cada 10 venezolanos dijeron WFP que siempre se pueden encontrar. El problema está en los altos precios, ya que los ingresos de los hogares impiden acceder con frecuencia a la comida.

Una dimensión de la seguridad alimentaria a la que se hace referencia en el informe del WFP es la de bioutilización asociada a los servicios públicos. Cuando 4 de cada 10 hogares reportan interrupciones en el servicio eléctrico y un 72% de estos tiene un suministro irregular de gas natural, la preparación de la comida se ve afectada y el aprovechamiento de nutrientes se ve disminuido.

Otra cuestión importante es el acceso al agua potable, a la cual 4 de cada 10 hogares dicen tener interrupciones en su acceso. Por ello, los hogares tienen que recurrir a comprar agua embotellada, mientras que 25% d ellos hogares no tienen acceso sostenible al agua.

Si a esto le sumamos que la crisis del COVID-19 es mundial, encontramos que las remesas han disminuido de 9% a 5% en los hogares, según ENCOVI. Esto se añade aún más presión sobre los ingresos de los hogares, y dificulta aún más su acceso. El pronóstico de la encuesta nacional es que se necesitará más ayuda gubernamental (en divisa), así como mayor solidaridad intrafamiliar (también en divisas) y más remesas, las cuales serán difíciles de obtener debido al alcance global de la pandemia.