El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que todas las personas tienen derecho a un nivel de vida adecuado, que asegure para ellas y sus familias cuestiones como salud, bienestar, alimentación, vestimenta, vivienda, asistencia médica y servicios sociales.

Viendo lo anterior es posible constatar que cuando se firma un tratado de protección de derechos humanos, se entiende que se debe garantizar el derecho a una alimentación digna y correcta. Así produce comida para todas las personas, 821 millones de personas en todo el mundo sufren de hambre según la Organización Mundial de la Salud (datos de 2017). Y los Estados —como comunidad social, con órganos de gobierno que regulan las sociedades, y que garantizan los derechos de sus ciudadanos— deben ejercer un rol activo para la protección del derecho a la alimentación. Entendido de esta forma, padecer hambre es una violación a los derechos humanos fundamentales.

En la página web de la FAO —organismo de la ONU que vela por los derechos alimentarios— está estipulado que la seguridad alimentaria debe tener un enfoque basado en los derechos humanos. Ello le da un talante urgente a la labor de proteger y garantizar el derecho alimentario y nutricional.

Entonces, cualquier país que diga ser garante de derechos humanos debe incorporar el derecho a una alimentación adecuada. Sin embargo, es un derecho más difícil de monitorear que otros, como el derecho a la vida. Es relativamente fácil identificar un Estado que persiga a sus ciudadanos acabando con sus vidas de forma violenta. Sin embargo, el derecho a la alimentación contiene muchas instancias y procesos, cada una con su responsibilidad a la hora de garantizar una alimentación digna de los ciudadanos. Mientras que a los Estados se les pide que no persigan a sus ciudadanos por causas de conciencia, y que protejan a determinadas minorías susceptibles de discriminación y violencia para garantizar el derecho a la vida; en materia de derecho a la alimentación se requiere de una supervisión sobre procesos productivos, distributivos y de economía familiar. A esta complejidad, hay que añadir a  los actores privados (agricultores, transportistas, minoristas) a quienes se les debe dejar hacer en su justa medida, e intervenir cuando sea pertinente hacerlo. También deben haber planes de contingencia para situaciones de emergencia, y un proceso de mitigación de los riesgos sobre la seguridad alimentaria.

Como se puede observar, garantizar el derecho a una alimentación digna implica un enfoque holístico. Significa desarrollar capacidades productivas, redes de transporte y almacenamiento, y construcción de puntos de acceso a alimentos. También siginica que se debe buscar la erradicación de la pobreza —cosa que otorga un componente de desarrollo económico— con el fin de reducir la desigualdad. La articulación de un Estado del bienestar debe ser entendida que no es para mantener pacificada a la población y poder garantizar la gobernabilidad, sino que forma parte del Estado de derecho. Viéndolo de esta forma, los ciudadanos deben presionar al Estado para que se garantice su derecho alimentario, y buscar instrumentos para establecer responsabilidades políticas cuando ese derecho se ve vulnerado. Los derechos no se quitan, son inherentes a las personas. Lo que desgraciadamente ocurre es la violación de tales derechos. Pero —nuevamente— esos derechos no desaparecen ni nadie tiene la capacidad de quitarlos, aunque haya personas que crean que lo puedan hacer.